En la víspera de la conmemoración del día internacional de las personas con discapacidad, este jueves 2 de diciembre se discutió el acuerdo de urgente y obvia resolución presentado por la diputada local de Movimiento Ciudadano, Selene Lorena Cárdenas Pedraza, en el sentido de exhortar a los Ayuntamientos de nuestro estado para que consideraran, dentro de sus presupuestos de egresos, los recursos necesarios para que pudieran llevarse a cabo las adecuaciones físicas necesarias dentro de las instalaciones de cada gobierno municipal que garanticen el libre acceso y la movilidad dentro de las mismas para las personas con discapacidad. Se dice que el acuerdo es de “urgente y obvia resolución” cuando, como su nombre lo indica, se trata de un asunto que requiere prontitud y es un trámite que tiene la finalidad de abreviar el proceso legislativo que pudiera retardarlo, de manera ordinaria, semanas, meses e incluso años, como ocurre constantemente. Entiendo que la legisladora oriunda de Bahía de Banderas presentó la iniciativa en mención no sólo como una manera de rendir homenaje a la lucha de las personas que, con alguna discapacidad a cuestas, luchan todos los días por tener un desarrollo más pleno dentro de la sociedad, sino aprovechando que dentro de unas semanas, los Ayuntamientos harán llegar al Congreso del Estado sus propuestas de Leyes de Ingresos para su aprobación y que este ejercicio coincide con la elaboración también de los primeros borradores de presupuestos de egresos, donde se pretendía etiquetar el recurso para instalar dentro de las oficinas de gobierno municipal las rampas, pasamanos, letreros de braille, escalones universales y todo lo que pudiera facilitar la movilidad de cualquier usuario con discapacidad.
La propuesta, noble de origen, tiene por desgracia una temporalidad corta. Si no se toman en consideración esos conceptos en la coyuntura de la elaboración de las Leyes de Ingresos y Presupuestos de Egresos en cada Ayuntamiento, frente a la crisis financiera que viven la mayoría de los gobiernos municipales durante todo el ejercicio fiscal, habremos perdido una
valiosa oportunidad durante todo el año.
Después de la 1 de la tarde surgió el rumor de que había sido el diputado Héctor Santana, en su calidad de integrante de la Comisión de Gobierno, quien solicitó que no se aprobara la urgente y obvia resolución. Contó para ello, naturalmente con la complacencia de la diputada Alba Cristal Espinoza, compañera suya de bancada, presidenta de la Junta de Gobierno y, según parece todo indicar, presidenta vitalicia de la Mesa Directiva del H. Congreso. Tal como lo ha señalado el avezado reportero y cronista legislativo, Gabriel Velázquez al referirse al congreso local, “la aplanadora hizo su trabajo”. Una indicación en el chat de la bancada mayoritaria y de sus aliados, basta para definir cualquier votación, este jueves no fue la excepción.
Al someter a discusión la naturaleza de urgente y obvia resolución, el primero en solicitar la palabra, fue precisamente el diputado Santana, quien pidió -lo cuál es una ironía viniendo de quien viene-, que se meditaran muy bien las propuestas de puntos de acuerdo que se sometían a votación... siendo él el legislador que más puntos de acuerdo ha propuesto en los 3 meses que van de esta legislatura. También echaron mano en esta ocasión, del diputado originario de Acaponeta, Francisco Piña, serio, de más bien de perfil bajo, ingeniero de profesión, para que leyera la tarjeta informativa que le pasan a cada legislador para que emita su opinión sobre el tema en discusión. Argumentando la implementación del Plan Estatal de Desarrollo, solicitó votar en contra el dictamen y mandarlo a comisiones, ese lugar misterioso donde se pierden todas las propuestas de la oposición. La urgente y obvia resolución fue desechada con 18 votos en contra, una abstención y 10 votos a favor, lo que se traduce en que, esos 18 votos consideraron que el tema de la accesibilidad para las personas con discapacidad no es prioritario... tal vez sólo votan en el sentido en que se les indica en su chat, no lo sabemos, lo que sí queda claro es que tendremos que esperar 12 meses más para que el tema vuelva a estar en la agenda legislativa ¡Qué desperdicio!
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